Juicio a FeCal (Pelele Calderon, presidente espurio de Mexico)

viernes, 23 de mayo de 2008

Tentativa de fraude a la Constitución En el IV Foro sobre la “reforma energética”, Raúl Carranca y Rivas (recuadro) sostuvo que Felipe Calderón puede ser sujeto a juicio político por presentar un paquete de reformas que violan la Constitución. (NTX) Los doctores en Derecho Raúl Carrancá y Rivas, Sergio García Ramírez y Luis Javier Garrido advirtieron ayer en el IV Foro de discusión sobre las iniciativas fecalistas sobre la privatización de PEMEX que la “reforma” fecalista es inconstitucional. (Cuartoscuro) * El doctor en Derecho y profesor universitario Raúl Carrancá y Rivas afirma que el espurio Felipe Calderón puede ser sujeto a juicio político por presentar un paquete de reformas privatizadoras e inconstitucionales * “No es lógico que carezca de responsabilidad el presidente si incurre y en mi opinión ha incurrido, en un flagrante violación constitucional”, advierte en el IV Foro de discusión sobre las iniciativas fecalistas sobre la privatización de PEMEX * Advierten los juristas Sergio García Ramírez, Raúl Carrancá y Rivas y Luis Javier Garrido que la “reforma” a PEMEX propuesta por el ilegítimo es inconstitucional porque pretende modificar un precepto fundamental de la Carta Magna y privatizar la industria petrolera a través de simples cambios a leyes secundarias * Se violen los principios centrales de la Carta Magna a través de una legislación secundaria y con el fin de “desmantelar a la Nación en beneficio de los grandes consorcios” * Un auténtico “caballo de Troya” dentro del cuerpo normativo constitucional la propuesta de modificar la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, que intenta dejar en manos de empresas privadas la a refinación de petróleo y su transporte, además de posibilitar que PEMEX celebre contratos de obra con personas físicas y morales MEXICO, D.F., 22 de mayo (LA JORNADA).- Los doctores en Derecho, Sergio García Ramírez, Raúl Carrancá y Rivas y Luis Javier Garrido advirtieron que la reforma a Petróleos Mexicanos (PEMEX) propuesta por Felipe Calderón es inconstitucional, toda vez que pretende modificar un precepto fundamental de la Carta Magna y privatizar la industria petrolera, a través de simples cambios a leyes secundarias. García Ramírez advirtió sobre la intención de ir más allá. “Hoy no se plantea una reforma constitucional, pero se trasluce. Es el convidado que no confiesa su identidad. Se sienta a la mesa y aguarda”. El jurista, ex funcionario público y actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alertó también a los legisladores: “Si erramos en abrir una puerta, la puerta que no abrió el Constituyente de 1959, quizá no podamos cerrarla mañana”. Durante el cuarto foro de discusión sobre las iniciativas en torno a la apertura de PEMEX al capital privado, dedicado al igual que la sesión anterior a su análisis constitucional, Carrancá y Rivas, recalcó también que las iniciativas del ejecutivo se oponen flagrantemente a la Constitución, a la que pretenden rebasar a través de leyes secundarias. Consideró un auténtico “caballo de Troya” dentro del cuerpo normativo de la Carta Magna la propuesta de modificar la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, toda vez que se intenta dejar en manos de empresas privadas la a refinación de petróleo y su transporte, además de posibilitar que PEMEX celebre contratos de obra con personas físicas y morales. Carranca y Rivas sostuvo que Calderón puede ser sujeto a juicio político por presentar un paquete de reformas. El jurista, profesor universitario y abogado, como él mismo se presentó este jueves en ese foro realizado en el patio central del Senado, añadió: “No es lógico que carezca de responsabilidad el presidente si incurre y en mi opinión ha incurrido, en un flagrante violación constitucional”. En ese mismo tenor, el jurista, profesor universitario y politólogo, Luis Javier Garrido, pidió a los legisladores “mandar al basurero de la historia” las iniciativas de Calderón- al que se refirió siempre como espurio y presidente de facto- porque en su afán de privatizar el petróleo, violan “el principio inalienable, imprescriptible de la Nación sobre todos los recursos naturales del subsuelo y, en particular, de los hidrocarburos”. Se transgrede, detalló, el principio de la supremacía constitucional, se violan el principio de la exclusividad del Estado en el manejo de sus recursos petroleros, la prohibición expresa de otorgar concesiones y contratos a particulares y el principio que considera a los hidrocarburos y a la petroquímica básica como áreas estratégicas. Los tres juristas coincidieron en el riesgo que representa cambiar preceptos constitucionales a través de cambios a leyes secundarias. García Ramírez advirtió que si la legislación reglamentaria corrige a la Ley Suprema, quedaría en riesgo todo el orden constitucional. Bastaría con tener el control de la oportunidad, dijo, para que “una simple mayoría” de legisladores pudiera “dispersar la obra acumulada por sucesivos cuerpos constituyentes. García Ramírez explicó que el Constituyente de 1916-17, en el dictamen sobre el Artículo 27 reservó para la Nación la explotación “del petróleo o cualquier otro carburo de hidrógeno sólido, liquido y gaseoso” y una vez hecha la expropiación petrolera, el presidente Lázaro Cárdenas sugirió al Congreso una reforma que precaviera frente a “problemas provocados por intereses particulares extraños a las necesidades interiores del país, a fin de que “sea el Estado el que tenga control absoluto de la explotación petrolífera”. En la reforma de 1959, “la Cámara de Diputados puso en blanco y negro el genuino sentido del artículo 2”, al determinar que sólo la nación podrá llevar a cabo la explotación del petróleo, en los términos que señale la Ley reglamentaria. Resaltó que bajo el concepto de industria petrolera, el artículo tercero de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia de Petróleo, señala una suma de actividades estatales, exclusivas y excluyentes “Su texto traduce la voluntad constitucional y mantiene el rumbo dispuesto por ella. Reafirma el carácter público no sólo de PEMEX, sino de la industria en la amplia acepción que le asigna el propio artículo tres. Todo ello conforma –dice el artículo cuarto del mismo ordenamiento- las áreas estratégicas a las que se refiere el artículo 28 Constitucional”. El proyecto de reformas de Calderón, agregó García Ramírez, reduce esa fórmula, reconsidera el contenido de las áreas estratégicas y con ello el alcance del artículo 28 Constitucional, para que actividades que tenían el carácter de estatal “pasen a otras manos, otros patrimonios, otros intereses”. Por su parte, el doctor Carrancá y Rivas, advirtió que las leyes reglamentarias son para reglamentar y no pueden estar por encima del texto Supremo. A su vez, Luis Javier Garrido calificó como “una tentativa de fraude a la Constitución” que se violen principios centrales de la misma a través de una legislación secundaria y con el fin de “desmantelar a la Nación en beneficio de los grandes consorcios”. Y advirtió que si el Congreso aprueba la reforma de Calderón, “el gobierno de facto tendría que enfrentar entonces al pueblo agraviado, que no va a estar dispuesto a aceptar esa imposición”, porque “ha entendido que defender el petróleo es una cuestión de supervivencia, pero también una cuestión de dignidad”.